El Gobierno presiona al máximo a los gobernadores y pone bajo la lupa fondos clave para las provincias
Pero más allá de la suspensión de este fondo en particular, la decisión abrió una serie de interrogantes sobre cuáles serán las transferencias que podrían suprimirse.
En concreto, esos programas son:
El programa de relaciones con las provincias y desarrollo regional, que incluye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
Otras transferencias corrientes
Los límites del Gobierno para ajustar las provincias
En tanto, describió que si bien los envíos discrecionales podrían reducirse, esa determinación dejaría varios conflictos en puerta para la Nación. “El Gobierno podría no repartir los fondos de algunos programas, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, pero enciende un conflicto con esa provincia. También hay convenios firmados que a veces la Nación no respetó y no envío el dinero, y se pueden generar juicios como el de Córdoba a la ANSES. En el corto plazo esos recortes se hicieron, pero en largo plazo la Justicia puede fallar en contra”.
¿El Gobierno puede cumplir su meta fiscal con el ajuste a las provincias?
La siguiente inquietud es si la disputa por los fondos que la Nación le envía a las provincias es suficiente para que el Gobierno pueda alcanzar su plan fiscal, que según la hoja de ruta que le presentó al FMI, representa un superávit del 2% del PBI y se traduce en un ajuste de cinco puntos del producto.
De acuerdo a distintas estimaciones privadas, la poda sobre las transferencias a las provincias ronda un punto del producto, con lo cual sumaría al objetivo general del Ejecutivo nacional, pero no serviría para cumplir con los planes en su totalidad y el Gobierno necesitaría de otras vías de ajuste, es decir, mayores recortes -por ejemplo, en subsidios- o actualizaciones impositivas para mejorar la recaudación.
Solo a modo de ejemplo, IERAL calculó que en enero Nación envió solo $200 millones en transferencias no automáticas, que es prácticamente llevarlas a cero, y en caso de continuar por ese camino, el Ejecutivo ahorraría una cifra equivalente a 1,1% del PBI.

