Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.

Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.

El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.

Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.

Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.

“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.

Durante la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de que el Senado le diera el visto bueno en mayo de este año. El tratado fue aprobado por una amplia mayoría, con 234 votos afirmativos y solo 4 negativos, consolidando así el respaldo parlamentario a una iniciativa que busca ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.

Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones nacionales gozarán de un arancel del 0% en el mercado singapurense. Además, abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con los acuerdos de “segunda generación” que exceden la mera cuestión arancelaria.

Durante el debate, el bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmó su apoyo a la iniciativa. “La Argentina logra demostrar con esto que hay un camino alternativo, que el camino no es la subordinación, sino una integración en la que se defienda al trabajo y a las PYMES”, sostuvo el diputado Santiago Cafiero.

En línea con esto, el legislador destacó la importancia del acuerdo al señalar que “la idea era poder generar un tratado de segunda generación, que no es únicamente discutir aranceles, sino que lo que se buscó hacer acá es trabajar con otro abordaje y lo logramos”. Por esto, concluyó: “Por eso, vamos a acompañar el día de hoy”.

No obstante, el diputado también planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil. “Debería existir una ley que garantice la permanente colaboración comercial”, reclamó Cafiero, en referencia al quiebre diplomático reciente entre la Argentina y el gobierno de Lula da Silva, que derivó en el retiro de la embajada brasileña en Buenos Aires.

Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado Damián Arabia defendió los beneficios que el acuerdo traerá para la economía argentina y respondió al pedido de Cafiero sobre la relación bilateral: “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”.

Por último, el legislador libertario planteó la necesidad de separar las diferencias ideológicas de la relación comercial y recordó que el Gobierno argentino no tomó represalias tras el apoyo del presidente brasileño al ex candidato Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también obtuvo la media sanción

La Cámara Baja también otorgó media sanción al proyecto que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

Frente a esto, la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos. “Este tratado simplifica el procedimiento; es una herramienta que facilita la presentación de solicitudes de patentes en países, reduciendo los costos, el tiempo y cargas para quienes innovan en la Argentina”, argumentó, y recordó que actualmente 58 países ya forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay, el último en incorporarse.

Nicolás Mayoraz también cuestionó la postura opositora, al considerar que representa una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos debían afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Tras otro resultado favorable para el Gobierno, se confirmó que el proyecto ahora pasará al Senado para su tratamiento final.

El Gobierno presentó un programa de licitación de plazos fijos con destino a crédito hipotecario con un monto total de $2 billones, una herramienta que apunta a darles a los bancos fondeo más largo para expandir préstamos para vivienda. La explicación pública del mecanismo la dieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director general de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, durante una conferencia de prensa centrada en el funcionamiento del esquema.

Qué es lo que anunció el Gobierno

El instrumento elegido consiste en la licitación de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para la conformación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. Ese dinero tendrá un destino específico: financiar créditos hipotecarios a personas humanas para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

El programa tendrá un monto total de $2 billones y cada licitación será por $200.000 millones. Según se informó, la primera subasta de depósitos del FGS será la semana que viene. El esquema se organizará a través de licitaciones transparentes entre bancos, con plazos de colocación más extensos que los habituales en el sistema financiero local.

Caputo explicó que el objetivo fue atacar uno de los problemas que enfrentan los bancos al momento de prestar para vivienda: el descalce entre el plazo de sus depósitos y el plazo de los préstamos hipotecarios. En su exposición, señaló que los créditos hipotecarios suelen ir a 15, 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte del fondeo bancario se concentra en depósitos de muy corto plazo, desde cuentas a la vista hasta plazos fijos de alrededor de 30 días.

Por qué el Gobierno planteó este mecanismo

Durante la conferencia, Luis Caputo sostuvo que el crédito hipotecario mostró crecimiento, pero que todavía representa una porción baja del producto. Según detalló, el stock de créditos hipotecarios en la Argentina apenas llegó a 2 puntos del producto, mientras que en Chile rondó el 27% y en Estados Unidos alcanzó el 50% e incluso el 75% en otros períodos.

Con esa comparación, el ministro ubicó el punto de partida del mercado local y vinculó ese atraso con la falta de ahorro de largo plazo y de un mercado de capitales más profundo. En ese marco, el programa se presentó como una forma de extender los vencimientos del fondeo disponible para los bancos y facilitar un mayor volumen de préstamos.

La lógica oficial fue la siguiente:

• el FGS ya tiene entre sus funciones la colocación de plazos fijos en bancos;
• el nuevo esquema extiende esos depósitos a plazos de 1 a 5 años;
• los bancos compiten en licitaciones para captar esos fondos;
• el dinero adjudicado debe aplicarse a créditos hipotecarios para primera vivienda;
• las entidades quedan sujetas a condiciones de tasa, plazo y monto máximo por préstamo.

Cómo serán los tramos de la licitación

La estructura del programa contempla dos segmentos. Cada uno fija un plazo y una tasa mínima para el depósito que recibirán los bancos.

Tramo 1:

• plazo de 1 año
• tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50%

Tramo 2:

• plazo de 5 años
• tasa de UVA más un spread mínimo de 4,50%

Caputo aclaró que esas tasas son mínimas para las licitaciones del FGS. Eso implica que los bancos podrán competir con ofertas superiores si buscan captar fondos en un plazo determinado.

A la vez, el programa puso un límite a la concentración de cada subasta. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación. Como cada llamado será por $200.000 millones, ese tope opera sobre cada ronda de adjudicación.Fuente: Infobae en base a datos del Ministerio de Economía

Qué deberán hacer los bancos con esos fondos

El dinero que los bancos consigan en las licitaciones no quedará libre para cualquier destino. El programa fijó que deberá aplicarse a créditos hipotecarios a personas humanas para primera vivienda. Además, estableció un plazo para esa aplicación: 90 días corridos contados desde la fecha de constitución del depósito.

También se definieron condiciones generales para los préstamos que surjan de este esquema. Son tres puntos centrales:

• tasa máxima para el tomador de UVA + 7,50%
• plazo mínimo de 15 años
• monto máximo de 150.000 UVA por crédito

Ese tope de 150.000 UVA equivale, según se explicó en la conferencia, a alrededor de USD 200.000. Caputo remarcó que el promedio de los créditos hipotecarios que se venía observando estaba por debajo de ese valor.

A qué familias apunta el esquema

En la presentación oficial se indicó que el monto promedio de los créditos hipotecarios rondó los $114 millones. En la exposición del ministro apareció una equivalencia en dólares para ubicar esa referencia y, a partir de ese dato, el equipo económico estimó el alcance potencial del programa.

Con un total de $2 billones, Caputo calculó que el esquema podría dar soluciones habitacionales para 17.000 a 18.000 familias. Esa estimación surgió del promedio de préstamo mencionado en la conferencia.

Para ilustrar el mecanismo, el ministro expuso un caso tipo. Tomó una propiedad de USD 106.000. Como los bancos suelen prestar el 75% del valor del inmueble, indicó que un crédito de alrededor de USD 80.000, o $114 millones, permitiría acceder a una vivienda de algo más de cien mil dólares.

En ese ejemplo, con una tasa de UVA + 7 y un plazo de 25 años, la cuota mensual sería de $865.000. También detalló que, si esa cuota representara el 25% del ingreso, el ingreso neto requerido sería de $3.460.000. Sobre esa base, señaló que, con un ingreso neto promedio de $1.800.000, una pareja joven con los dos salarios podría acceder al crédito.

Los puntos centrales del sistema, en forma resumida

En resumen, el mecanismo quedó planteado de esta manera:

1. el FGS colocará depósitos a plazo fijo en bancos
2. esos depósitos serán en pesos, ajustados por UVA más un spread
3. habrá licitaciones por $200.000 millones cada una
4. el programa total sumará $2 billones
5. los tramos serán a 1 año y 5 años
6. las tasas mínimas para el depósito serán UVA + 2,50% y UVA + 4,50%
7. los bancos no podrán prestar esos fondos a una tasa superior a UVA + 7,50%
8. los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años
9. cada préstamo tendrá un tope de 150.000 UVA
10. la primera subasta de depósitos del FGS será el año que viene

Qué papel cumple el FGS

En la conferencia también habló Juan Cruz Micele, director general de Inversiones del FGS, quien explicó que el organismo trabajó durante varios meses con Capital Humano y con el Ministerio de Economía en la búsqueda de una alternativa para el mercado hipotecario.

Micele señaló que el crédito hipotecario dispone actualmente de un volumen de $300.000 millones mensuales. Desde esa referencia, afirmó que los $2 billones que el FGS aportará a través de plazos fijos implican un impulso sustancial sobre el nivel actual del mercado.

El funcionario agregó que el FGS tiene como mandato principal la rentabilidad y la seguridad, y como objetivo secundario la promoción de la macroeconomía. Dentro de esa descripción ubicó la decisión de participar con depósitos a mayor plazo para apuntalar el financiamiento hipotecario.

También informó que, al asumir el presidente Javier Milei, el FGS tenía USD 30.000 millones en activos y que hoy tiene USD 80.000 millones, con un incremento superior al 160%.

La medida no habilita a las entidades a ingresar indiscriminadamente en cualquier cuenta bancaria ni a retirar fondos sin autorización. El sistema se aplicará únicamente a nuevos créditos y requerirá el consentimiento previo y explícito del cliente.

El mecanismo podrá ser utilizado por entidades financieras y Proveedores No Financieros de Crédito registrados ante el Banco Central. Su objetivo es facilitar el cobro de los préstamos digitales y reducir los niveles de morosidad, especialmente en el segmento no bancario.

Cuando una persona solicite un crédito y el dinero sea acreditado en una cuenta determinada, la entidad prestamista podrá cobrar las cuotas desde esa misma cuenta. Para hacerlo deberá contar con una autorización otorgada por el titular al momento de contratar el préstamo.

Las cuotas alcanzadas por el sistema deberán ser fijas e iguales durante toda la vigencia del crédito. Además, la relación entre el monto de la cuota y los ingresos del solicitante no podrá superar el 30% al momento de otorgarse el financiamiento, una condición incorporada para prevenir el sobreendeudamiento.

El banco, la financiera o la billetera que haya concedido el préstamo deberá avisarle al cliente, por medios electrónicos, durante el día hábil anterior a la realización del débito.

Si la cuenta no tiene fondos suficientes, la entidad podrá efectuar un intento inicial de cobro y solamente dos reintentos: el primero a las 48 horas y el segundo a las 96 horas. El límite fue establecido para evitar débitos reiterados o prácticas abusivas.

El usuario conservará el derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La baja deberá tener efecto inmediato y podrá gestionarse tanto ante la entidad que concedió el préstamo como ante el proveedor de la cuenta que sería debitada.

La herramienta tampoco permitirá cobrar cualquier tipo de obligación. Su utilización quedará limitada a las cuotas de los créditos comprendidos por la normativa y no alcanzará préstamos anteriores a su entrada en vigencia.

Los saldos colocados en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o utilizados para comprar dólar MEP no serán considerados automáticamente como dinero disponible para cancelar las cuotas. Esta exclusión genera reparos entre bancos y empresas fintech, especialmente porque muchas billeteras mantienen los fondos de sus clientes invertidos y no directamente disponibles en la CVU.

Otro punto cuestionado es la exigencia de que las cuotas sean iguales. Según advierten representantes del sector financiero, esa condición dificultaría incorporar intereses punitorios u otros montos variables derivados de atrasos.

Las entidades también señalaron que todavía faltan definiciones técnicas y solicitaron postergar la implementación. Sin embargo, hasta ahora el Banco Central mantiene el lunes 31 de agosto como fecha prevista para la puesta en funcionamiento.

Los bancos y las fintech deberán tener disponibles los sistemas necesarios para permitir la interoperabilidad, aunque no estarán obligados a ofrecer el Cobro con Transferencia en todos los préstamos que otorguen.

La nueva modalidad funcionará como una evolución del débito inmediato, conocido como Debin. La diferencia central es que incorpora límites para los intentos de cobro, aviso previo, responsabilidad del prestamista ante posibles fraudes y la posibilidad de que el cliente revoque inmediatamente la autorización.

En síntesis, la entidad que conceda un nuevo préstamo podrá debitar sus cuotas desde la cuenta donde haya acreditado el dinero, pero solamente si el cliente lo autorizó previamente y mientras esa autorización permanezca vigente.La información central fue corroborada con el comunicado oficial del Banco Central de la República Argentina.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la atención médica de extranjeros no residentes en los hospitales públicos de Tucumán y sostuvo que cualquier definición sobre el tema deberá partir de un relevamiento que permita conocer la cantidad de personas alcanzadas y el impacto sobre el sistema provincial de salud.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que el Gobierno Nacional dispusiera, mediante la Resolución 1066/2026 publicada en el Boletín Oficial, una nueva política de atención sanitaria para extranjeros no residentes en establecimientos administrados por el Estado nacional.

La medida establece que la atención de urgencias no podrá ser negada ni restringida por la situación migratoria de las personas. Para las prestaciones médicas habituales, en cambio, la normativa nacional contempla la presentación de un seguro de salud o la cancelación previa del servicio.

La resolución reglamenta las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366 de mayo de 2025 sobre el artículo 8° de la Ley de Migraciones N° 25.871. La norma establece que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

En cuanto a las prestaciones que no correspondan a situaciones de emergencia, el texto oficial determina: “Fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”.

En este contexto, Jaldo señaló que el tema será parte del debate a nivel nacional y planteó la necesidad de contar primero con información precisa sobre la situación en Tucumán. El Gobernador explicó que el Ejecutivo provincial deberá conocer cuántos extranjeros no residentes reciben atención en el sistema público.

“Es un tema que lo hemos venido conversando. Creo que ese tema se va a instalar el debate a nivel nacional y estábamos hablando con el ministro que, antes de tomar una decisión, fuese cual fuese, nosotros tenemos que tener un relevamiento, tenemos que saber cuántos extranjeros no residentes estamos atendiendo en el sistema provincial de salud de la provincia de Tucumán”, expresó.

El mandatario sostuvo que la Provincia cuenta con registros que permitirán analizar el alcance de la atención a extranjeros no residentes y anticipó que esa información será determinante ante una eventual definición.

Jaldo también destacó que cualquier decisión deberá contemplar el acceso a la salud como una necesidad humana, aunque remarcó que el sistema público provincial debe garantizar en primer término la atención de la población tucumana.

Al mismo tiempo, el Gobernador advirtió que la Provincia deberá preservar la capacidad de respuesta de los hospitales públicos ante la demanda actual. En ese sentido, señaló que la atención a personas no residentes no debe afectar la calidad y eficiencia de las prestaciones destinadas a los tucumanos.

“Ahora, lo que no hay que tener duda, que la salud pública de la provincia de Tucumán, la prioridad es para los Tucumán. No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que por atender a no residentes extranjeros se nos empiece a tensar la atención del sistema provincial de salud, y por ahí podamos, no digo dejar de atender, pero sí, no tener la eficiencia que hoy tenemos, porque estamos sobrepasados en cantidad de pacientes. La prioridad la tienen los tucumanos”, concluyó.

El gobernador Osvaldo Jaldo informó que analiza su participación, o la de un representante de la provincia, en la reunión que se desarrollará el próximo miércoles en Posadas, Misiones, donde gobernadores del norte del país debatirán sobre los alcances del proyecto de Zonas Frías, que busca ser sancionado en la Cámara de Senadores, y abrir una discusión paralela sobre un régimen para las zonas cálidas.

“Tenemos una agenda media complicada en Tucumán. La semana pasada no estuve dos días en la provincia. Así que la verdad que estamos viendo si yo puedo ir o mandaremos a alguien para que nos represente en esa reunión, donde se reúnen 10 gobernadores del Norte Grande para elaborar proyectos y tomar decisiones en cuanto a los planteos que se le están haciendo al gobierno nacional”, explicó.

El convite además tendrá, sin dudas, una fuerte discusión reglamentaria tras el guiño de Victoria Villarruel a favor de la virtualidad de dos legisladores, situación que sólo puede ser convalidada por el pleno, que es soberano. El oficialismo que lidera Patricia Bullrich hierve por estas decisiones e incluso en varias bancadas dialoguistas rechazan -en voz baja- la jugada de la Vicepresidenta. No obstante, lo que vale es lo que se diga y vote en las próximas horas en el recinto.

Temáticas diversas

*Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original -mayo pasado-, luego reformulado con al menos 17 borradores extra, se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

*Desalojos. La versión -por ahora- final plantea: “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario.

*Manejo del Fuego. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, sostiene la propuesta. La diferencia con la ley de Máximo Kirchner, vigente desde la época de Alberto Fernández, habla de prohibiciones para vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años.

Además, la iniciativa busca dinamitar el artículo 22 quáter de la norma actual. El mismo expresa que “en caso de incendios” en “en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales” se “prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”. 

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la posición que adoptará el Bloque Independencia ante el tratamiento el día de mañana, 6 de agosto, en el Senado de la Nación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad y sostuvo que, de acuerdo con las conversaciones que mantuvo con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas manifestaron su rechazo a la iniciativa.

En ese sentido, el mandatario provincial afirmó: “he conversado con las dos senadoras nacionales – Beatriz Ávila y Sandra Mendoza- y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas, porque yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”, reflexionó.

Asimismo, Jaldo planteó su postura sobre la propiedad de las tierras y señaló: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

El Gobernador también indicó que el proyecto recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo y remarcó la necesidad de analizar esos cambios antes de su votación.

En ese marco, expresó: “Por supuesto que hay que leer las modificaciones que hicieron en el proyecto, porque hasta hoy están haciendo modificaciones porque no están los votos para sancionarla, creo que hace falta 40 votos, no los tienen en el Senado. Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.

Según trascendió, Villarruel aceptó la invitación cursada por Jaldo y asistirá a los actos oficiales en la provincia, pese a que no integra la organización de las actividades nacionales impulsadas por la Presidencia. Será una situación similar a la ocurrida el 20 de junio en Rosario, cuando concurrió al acto por el Día de la Bandera invitada por el gobernador santafesino, aun sin haber sido convocada por la Casa Rosada. Milei vendrá el miércoles 8 por la noche a Tucumán, para la vigilia del Día de la Independencia, en tanto que Villarruel vendrá el jueves 9.

En el entorno de la vicepresidenta sostienen que continuará participando de todas las fechas patrias a las que sea invitada por provincias o municipios, independientemente de la relación institucional con el Gobierno nacional. «No va a dejar de asistir a actos patrióticos; considera que forman parte de su función y de su identidad política», señalaron colaboradores cercanos.

La presencia en Tucumán se suma a una agenda federal que Villarruel viene desarrollando durante los últimos meses. En ese marco ya realizó visitas a Santa Cruz y La Plata, donde mantuvo reuniones con dirigentes políticos y referentes locales, consolidando vínculos propios fuera de la estructura de La Libertad Avanza.

En Santa Cruz, por ejemplo, mantuvo encuentros con los senadores provinciales José María Carambia y Natalia Gadano, quienes actualmente mantienen diferencias con el gobernador Claudio Vidal, aliado del presidente Milei. En ámbitos legislativos incluso especulan con la posibilidad de futuras alianzas electorales entre esos sectores y el espacio político que pueda construir Villarruel.

La distancia entre la vicepresidenta y la conducción libertaria también quedó reflejada en las últimas semanas con sus publicaciones en redes sociales, donde respondió críticas al Gobierno y celebró públicamente la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Paralelamente incorporó cambios en su equipo político y de comunicación con la llegada del asesor Patricio Russo como jefe de Asesores.

Quienes trabajan junto a Villarruel aseguran que su mirada política está enfocada en cuestiones vinculadas al empleo, la producción y el interior del país, además de mantener diálogo con sectores sindicales y dirigentes del denominado peronismo tradicional. En ese contexto, la vicepresidenta recibió recientemente en el Senado al dirigente ferroviario Rubén «Pollo» Sobrero, con quien analizó la situación del sistema ferroviario argentino.

Tras el encuentro, Sobrero afirmó que la reunión se extendió durante casi dos horas y que Villarruel manifestó preocupación por el deterioro de la infraestructura ferroviaria y por la cantidad de descarrilamientos registrados durante el último año. El sindicalista destacó además que la vicepresidenta aceptó dialogar pese a las diferencias ideológicas existentes.

Mientras tanto, dentro del círculo político de Villarruel descartan cualquier acercamiento al actual oficialismo nacional para conformar una futura alianza electoral. Según dirigentes cercanos, la vicepresidenta pretende consolidar una identidad política propia y consideran que, llegado el momento, podría encabezar un espacio competitivo de cara a las elecciones de 2027, incluso sin acuerdos con el Gobierno de Milei.

La visita a Tucumán adquiere así una relevancia política adicional, ya que volverá a mostrar a Villarruel compartiendo una actividad institucional junto al gobernador Jaldo en una fecha de alto valor simbólico para el país, en momentos en que la relación con la Casa Rosada continúa atravesando uno de sus períodos de mayor distanciamiento desde el inicio de la gestión libertaria.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes de la ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de mandatarios provinciales de distintos puntos del país.

Durante el acto, Jaldo acompañó la jura del nuevo funcionario nacional junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

La convocatoria reunió a los mandatarios provinciales que mantuvieron una agenda de trabajo con Santilli durante su desempeño al frente del Ministerio del Interior, con quien las provincias impulsaron distintas gestiones vinculadas al desarrollo de sus jurisdicciones.

Tras la ceremonia, el Primer Mandatario tucumano destacó la importancia de sostener el diálogo institucional entre la Nación y las provincias.

«Participé de la asunción del jefe de Gabinete porque cada uno, desde nuestro rol institucional, tiene que poner su granito de arena para mejorar la situación del país», expresó.

En ese sentido, Jaldo valoró el acompañamiento que Santilli brindó a Tucumán durante su gestión anterior y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo ese vínculo.

«Acompañé al jefe de Gabinete porque es un funcionario que, desde el Ministerio del Interior, siempre acompañó a Tucumán. No tengo dudas de que durante su nueva gestión lo seguirá haciendo, como así también la provincia continuará acompañando al Gobierno nacional en todo aquello que beneficie a los tucumanos», afirmó.

La ceremonia reflejó la voluntad de diálogo y articulación entre el Gobierno nacional y las provincias, en un contexto en el que Tucumán continúa consolidando una agenda de trabajo conjunta con la Nación para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes de una reunión en el ministerio de Economía de la Nación junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Salta, Gustavo Sáenz, donde fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. 

La reunión tuvo como eje principal el análisis de las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias.

«Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución», expresó Jaldo al salir del encuentro.

La participación de Santilli y Caputo otorgó un carácter relevante al encuentro. El ministro del Interior tiene a su cargo la relación institucional con las provincias y la articulación de acuerdos políticos, mientras que el titular del Palacio de Hacienda administra los recursos nacionales y define las transferencias financieras solicitadas por las jurisdicciones.

Los mandatarios provinciales llegaron con una agenda concreta orientada a gestionar fondos para infraestructura, reclamar por recursos coparticipables y analizar mecanismos que permitan sostener proyectos de inversión pública considerados prioritarios para sus distritos.

El encuentro se inscribió en la continuidad del diálogo institucional entre Nación y las provincias, con el objetivo de abordar necesidades de financiamiento y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo de la región del Norte Grande.